
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, al revelar que los embargos judiciales contra las EPS suman alrededor de $2,6 billones de pesos, producto de 291 medidas cautelares.
La entidad alertó que esta situación representa un «riesgo relevante» no solo para las finanzas del sistema, sino para «la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud». Explicó que los embargos comprometen el flujo de dinero destinado a pagar a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y toda la red de servicios, poniendo en peligro la atención oportuna a los ciudadanos.
Un análisis técnico con corte al 22 de enero de 2026 identificó que Nueva EPS y Coosalud EPS son las entidades con la mayor participación en el valor total de los embargos. Estas medidas han sido impuestas principalmente por prestadores públicos y privados (hospitales y clínicas) que demandan el pago de servicios.
Las ciudades que concentran el mayor número de procesos son Bogotá, Concordia (Antioquia), Cartagena (Bolívar) y Florencia (Caquetá).
La Supersalud reiteró que los recursos del sistema de salud son públicos, parafiscales y de destinación específica, es decir, deben usarse exclusivamente para atender a los pacientes y mantener el sistema a flote. Recordó que, según un concepto unificado reciente, estos fondos son generalmente inembargables, con excepciones muy puntuales.
Ante la magnitud del problema, hizo un llamado urgente a fortalecer la gestión jurídica y administrativa de estos procesos y a realizar un seguimiento estricto al impacto que los embargos tienen en la atención sanitaria, para «proteger los recursos de la salud» de todos los colombianos.



