
La Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de una auditoría integral al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, en la que identificó 38 hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Como consecuencia, el organismo anunció que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes.
La auditoría, que evaluó la gestión del FOMAG durante las vigencias 2024, 2025 y 2026, encontró graves deficiencias en la administración de los recursos y en la prestación de los servicios de salud para cerca de 820.000 docentes, pensionados y sus familias.
Entre los principales hallazgos figuran diferencias por $210.399 millones en los registros de la deuda del Fondo, pagos por $606.056 millones superiores a los valores facturados, demoras de hasta 160 días en la autorización de servicios especializados y un incremento sostenido de las quejas y acciones de tutela por barreras en el acceso a la atención médica.
La Superintendencia también advirtió que el FOMAG continúa operando con buena parte de su red de prestadores sin contratos formalizados, detectó presuntos sobrecostos en medicamentos regulados, un patrimonio negativo con cuentas por pagar cercanas a $2,3 billones y anticipos por $19.890 millones sin soportes suficientes. Además, cuestionó la ejecución del sistema de información HORUS, cuyo contrato supera los $45.154 millones, pese a que solo funciona alrededor del 60 % de las herramientas contratadas.
El ente de control señaló que, de las 13 medidas cautelares impartidas previamente al FOMAG para corregir las deficiencias, únicamente cuatro han sido cumplidas. La Superintendencia aseguró que continuará ejerciendo labores de inspección, vigilancia y control para proteger los recursos públicos y garantizar el derecho a la salud de los afiliados al Magisterio.



