
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento especial a la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y aseo en Puerto Carreño, Vichada, ante las afectaciones que enfrentan habitantes y comunidades indígenas.
El Ministerio Público pidió al Ministerio de Minas y Energía, al IPSE, a la Gobernación de Vichada y a Electro Vichada cumplir los acuerdos establecidos en marzo pasado, luego de los racionamientos de energía que provocaron protestas y vías de hecho.
La Procuraduría busca evitar que se repitan los apagones y problemas de abastecimiento y pidió garantizar un servicio eléctrico continuo y de calidad.
De manera paralela, el organismo de control solicitó explicaciones al Ministerio de Vivienda y a Findeter por el retraso de 18 meses en la consultoría para la construcción del relleno sanitario de Puerto Carreño, proyecto que contempla una inversión estimada en 20 mil 793 millones de pesos.
La Procuraduría advirtió que el avance de obras sin que esté consolidado el producto final de la consultoría representa riesgos sanitarios, ambientales y sociales para la población.
El Ministerio Público exhortó a las entidades responsables a tomar decisiones urgentes que permitan superar estas dificultades y garantizar el bienestar de los habitantes de la capital del Vichada.



