
En un giro que busca proyectar una imagen de apertura, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas encarceladas, tanto venezolanas como extranjeras, proceso que afirmó «está ocurriendo en este mismo momento».
Aunque Rodríguez no confirmó cifras exactas, se conoció que entre los beneficiados estarían destacadas figuras opositoras como Juan Pablo Guanipa y, de manera significativa, Rafael Tudares, yerno del reconocido líder opositor Edmundo González Urrutia. El gobierno español, por su parte, confirmó la liberación de cinco ciudadanos de ese país, entre ellos la abogada de doble nacionalidad Rocío San Miguel.
Rodríguez justificó la medida como «un gesto unilateral para afianzar» la decisión de consolidar la paz y la convivencia pacífica en Venezuela, «sin distinción de ideología o religión».
Este anuncio se produce en un contexto político sin precedentes para el país, marcado por el debilitamiento del poder de Nicolás Maduro, la presión internacional constante y una creciente intervención de fuerzas estadounidenses. El régimen parece buscar, a través de estos gestos, calmar las tensiones internas y externas que lo rodean.
Por años, organizaciones de derechos humanos han documentado las detenciones arbitrarias de cientos de venezolanos y extranjeros bajo acusaciones de conspiración, muchas veces sin juicios transparentes. Los casos de Guanipa y Tudares se habían convertido en símbolos de la represión política del chavismo, seguidos de cerca por la oposición y organismos internacionales.
La liberación, aunque es vista con cautela hasta que se confirme la situación de todos los excarcelados, representa uno de los movimientos más significativos en años hacia la distensión política en Venezuela y un posible cambio de estrategia del gobierno de Maduro frente a una oposición que ha ganado reconocimiento internacional.



