
La Fiscalía General de la Nación acaba de dar un paso histórico para proteger el ejercicio del periodismo en Colombia. A través de la Resolución 00119 de 2026, el ente investigador priorizará las denuncias por amenazas y ataques contra comunicadores, reconociendo que silenciar una voz es un golpe directo a la democracia.
Esta nueva directriz ordena a los fiscales actuar bajo el principio de «debida diligencia reforzada». Esto significa que no habrá más dilaciones injustificadas y que cada investigación deberá analizar el contexto: ¿Qué estaba denunciando el periodista antes de ser atacado? El objetivo es claro: identificar si el crimen fue una retaliación para imponer la censura.
Un punto clave de la resolución es que la protección ahora es inclusiva. La Fiscalía reconocerá como periodista a cualquier persona que ejerza la labor informativa, sin importar si tiene un título formal o si trabaja exclusivamente en medios digitales.
Además de agilizar los procesos, se creará un canal de diálogo permanente con organizaciones defensoras de la libertad de prensa y se capacitará a los funcionarios para que entiendan el riesgo que enfrentan los reporteros en las regiones. Con esta medida, se busca frenar el miedo y la autocensura que hoy silencian a muchas voces en el país.



