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Ministerio Público pide resultados concretos en agua, salud y educación para la comunidad Jiw, tras incumplimiento de fallo de la Corte Constitucional.

La Procuraduría reforzó el seguimiento para proteger al pueblo indígena Jiw en Mapiripán, Meta, ante el riesgo de desaparición física y cultural.

El Ministerio Público advirtió que las entidades responsables solo han mostrado avances administrativos parciales, pero no han acreditado el goce efectivo de derechos ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-092 de 2021.

Por eso, la Procuraduría pidió pruebas concretas en agua potable, salud, nutrición, educación y protección integral para esta comunidad asentada en el resguardo Naexal Lajt.

Entre las entidades requeridas están la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta, el ICBF y la Unidad para las Víctimas.

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