
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este martes a 10 años de prisión a tres magistrados del Tribunal de Villavicencio, Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por manipular sentencias para beneficiar a integrantes de grupos paramilitares y estructuras criminales en casos que involucran sobornos, fiestas de lujo y graves irregularidades procesales.
Fausto Rubén Díaz Rodríguez deberá cumplir 128 meses de prisión y multa de 434 salarios mínimos por prevaricato por acción agravado en casos donde liberó u otorgó detenciones domiciliarias a paramilitares. Alcibíades Vargas Bautista: 120 meses de cárcel y multa de 306 salarios por cohecho propio y prevaricato, vinculado a sobornos para alterar decisiones judiciales. Joel Darío Trejos Londoño: 120 meses de prisión y multa de 306 salarios por los mismos delitos que Vargas Bautista.
Los fallos corruptos beneficiaron a integrantes de la «Oficina de Envigado», como alias «Cesarín» y «Bacalao», y al denominado caso «Autorroling», donde se reveló que los magistrados aceptaron hospedajes en hoteles exclusivos y fiestas a cambio de ayudar a una pareja condenada por homicidio.
El expediente de 400 páginas detalla cómo los magistrados, redujeron penas ilegalmente para criminales con sentencias firmes. Incumplieron plazos procesales para revocar condenas o excarcelar a cambio de dinero. Ignoraron pruebas y jurisprudencia para emitir fallos «al margen de la ley», según la sentencia.
«Sus actos no fueron errores, sino decisiones deliberadas para favorecer a terceros. Un funcionario de su experiencia no ignora las normas; su propósito no era impartir justicia, sino venderla», señala el documento judicial, que califica la conducta de los magistrados como un «quebrantamiento grave de la confianza pública».
Este caso evidencia la infiltración de estructuras criminales en el sistema judicial colombiano, particularmente en regiones con alta presencia de grupos armados. La sentencia sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en altas esferas del poder judicial.



