El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por su presunta omisión en la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
La demanda exige el reconocimiento de la grave situación y solicita que se ordene a las autoridades implementen medidas efectivas e inmediatas para frenar esta crisis humanitaria, producto del recrudecimiento de la violencia en Colombia y la expansión de los grupos armados ilegales, que han facilitado el reclutamiento de menores.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado, mientras que en 2024 la cifra aumentó significativamente a 463 casos, afectando a 279 niños y adolescentes y 184 niñas y adolescentes. En lo que va del año 2025, la Defensoría ha recibido reportes de nuevos casos en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander.
La demanda destaca que, a pesar de la obligación constitucional del Estado de garantizar la paz, la seguridad pública y el acceso a los derechos fundamentales de los menores, la respuesta institucional ha sido insuficiente. «Las medidas implementadas hasta ahora han sido ineficaces, aisladas y carecen de mecanismos de evaluación claros, lo que perpetúa la impunidad y permite que miles de niños y adolescentes sigan siendo víctimas de reclutamiento, abuso y explotación», señala el documento legal.
