En una decisión que protege el patrimonio público, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia acogió las observaciones de la Procuraduría General de la Nación y dejó sin efectos una sentencia del Tribunal Superior de Cali que condenaba a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, al pago de aproximadamente cinco mil millones de pesos por concepto de intereses moratorios.
La Procuraduría, a través de su delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, solicitó la revisión del fallo proferido el 31 de mayo de 2017, dentro de un proceso instaurado contra Colpensiones por varias ciudadanas demandantes.
El alto tribunal, mediante la sentencia SL-2289 de 2025, determinó que existió un desconocimiento del derecho al debido proceso al momento de expresar la condena, por lo que resultaba improcedente conforme al estado actual del ordenamiento jurídico.
Gracias a la intervención del Ministerio Público, el fondo administrado por Colpensiones, del cual se pagan las pensiones de miles de colombianos, logró un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos, defendiendo así los recursos públicos destinados a la seguridad social de los colombianos.
