La Defensoría del Pueblo lanzó una dura advertencia sobre el riesgo que corren los próximos procesos electorales en Colombia. Aunque la entidad asegura que habrá votaciones el 8 de marzo, el panorama en los territorios es crítico.
La defensora Iris Marín denunció que en regiones como el Catatumbo, el camino a los puestos de votación está sembrado de minas antipersonal, lo que impediría físicamente que la gente salga a votar.
Según el último informe de seguimiento, existe una “gobernanza armada” donde los grupos ilegales no necesitan ser candidatos para mandar: ellos deciden quién se mueve, quién habla y quién hace campaña.
El informe es demoledor sobre la respuesta del Gobierno: el 58 % de las recomendaciones de seguridad siguen pendientes. La coordinación para una respuesta rápida apenas llega al 29 %, y el Ministerio del Interior ni siquiera entrega reportes completos.
Pero hay más: la Defensoría también puso la lupa sobre el acoso a la prensa. Iris Marín pidió frenar la estigmatización contra periodistas, que hoy se debaten entre la censura y las amenazas.
En total, son 69 municipios con orden de acción inmediata y otros 168 en situación urgente, especialmente en Antioquia, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca. La advertencia es clara: el riesgo electoral hoy no es solo un atentado, es la consolidación de un poder armado que asfixia la democracia en la Colombia profunda.
