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Demanda histórica: Defensoría acusa al Gobierno de desnaturalizar la política de paz.

Un golpe al proceso de Paz Total del Gobierno Petro: la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, presentó una demanda de 56 páginas ante el Consejo de Estado para anular la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025. Esta norma designó como «gestores de paz» a 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo alias «Jorge 40», Diego Fernando Murillo alias «Don Berna», Carlos Mario Jiménez alias «Macaco», y Fredy Rendón Herrera alias «El Alemán».
La Defensoría argumenta que la resolución viola la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, y el Decreto 1175 de 2016, al asignar funciones no previstas, como elaborar balances sobre avances en reparación a víctimas y recomendar el cierre del proceso de Justicia y Paz, sin supervisión judicial ni participación de las víctimas. «Esto genera un riesgo estructural de revictimización simbólica y mina la confianza ciudadana en las instituciones», advierte el documento, que califica la medida como una afrenta a la dignidad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Además, cuestiona por qué se aplica una figura pensada para diálogos con grupos armados activos a exmiembros de una organización desmovilizada hace más de 20 años, varios de ellos excluidos de Justicia y Paz por reincidencia o aún recluidos por delitos graves. La demanda, vía nulidad simple, busca suspender provisionalmente la resolución para evitar sus «graves efectos políticos y sociales», como alterar el equilibrio entre poderes y legitimar a responsables de violaciones masivas de derechos humanos.
El Consejo de Estado decidirá si admite la acción y la estudia de fondo. Esta movida de la Defensoría, que ya había criticado la designación en noviembre de 2024, intensifica el debate sobre la reconciliación en Colombia.

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