
La fiscalía general de la Nación rompió el silencio sobre el escándalo de alias Calarcá y emitió un extenso comunicado.
En el documento, la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón asegura que, durante los 16 meses que llevan los más de 100 dispositivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, ni su despacho ni la Dirección Nacional de la entidad recibieron reportes sobre la información de mayor gravedad que hoy se conoce: presuntos pactos con miembros del Ejército, Inteligencia y hasta posible financiación de campañas.
La Fiscalía explica que los dispositivos siempre estuvieron bajo custodia de la DIJIN de la Policía, que extrajo la información y entregó cinco informes técnicos, el último en junio de 2025. Sin embargo, la fiscal delegada en Medellín nunca elevó las evidencias delicadas a sus superiores.
Frente a esto, la fiscal Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir líneas urgentes sobre: posible cooptación de agentes de inteligencia y militares, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas presidenciales y creación de empresas de vigilancia al servicio de las disidencias.
Además, ya se compulsaron copias a la Corte Suprema para investigar al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera.
La entidad recordó que las órdenes de captura contra Calarcá y otros cuatro jefes disidentes fueron suspendidas por la Ley de Paz Total y resoluciones de 2024, y que incluso emitió la Directiva 003 de julio de 2025 para permitir capturas en flagrancia por crímenes graves.
Finalmente, la Fiscalía califica de “alarmante” la filtración pública del contenido reservado de los dispositivos, lo que podría violar la cadena de custodia y afectar las investigaciones. El escándalo sigue creciendo y ya genera reacciones en el Congreso, las Fuerzas Militares y hasta en Washington.



