
La violencia contra la Fuerza Pública escaló este fin de semana con el asesinato de cuatro uniformados en Antioquia, Tolima y Cesar, elevando a 35 el número de policías y militares víctimas del «plan pistola» ordenado por el Clan del Golfo y otros grupos armados. Ante la crisis, el presidente Gustavo Petro anunció una alocución urgente y un Consejo de ministros para evaluar la situación.
Subintendente Dayron Londoño Tuesta (Policía): Asesinado en su casa en Sopetrán (Antioquia) mientras disfrutaba días de descanso. Llevaba 13 años en la institución. Subintendente Ángel Hurtado Urriago (Policía): Emboscado en la vía Flandes–Cambao (Tolima) tras una trampa con tachuelas. Fue llevado a un bosque y ejecutado frente a su familia.
Soldado Alejandro Bejarano González (Ejército): Muerto en un hostigamiento del Clan del Golfo en Frontino (Antioquia). Otro soldado resultó herido. Cabo Esneider Romero Barragán (Ejército): Murió por un artefacto explosivo del ELN en un puesto de control en Cesar.
Según investigaciones, el Clan del Golfo paga $3 millones por cada uniformado asesinado, atacándolos incluso en sus momentos de descanso. Los crímenes se concentran en Antioquia, pero se extienden a otras regiones como Tolima, Cesar y Chocó.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó: «No permitiremos que estructuras criminales dobleguen la voluntad del Estado. Estos actos no quedarán impunes». Por su parte el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de urgencia para analizar la estrategia de seguridad, en medio de crecientes cuestionamientos por la falta de resultados. Las familias de las víctimas exigen mayor protección y justicia, mientras el ELN mantiene secuestrado al soldado Arley Castillo.
El Gobierno enfrenta presión para contener la ola de violencia, mientras analistas señalan que los grupos armados están probando la capacidad de respuesta del Estado.



