
El Gobierno nacional anunció la creación de una «zona de paz» en el Catatumbo para el Frente 33 de las disidencias de las FARC, liderado por alias ‘Marcos Calarcá’, como parte de un proceso de diálogo. Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo y fuertes críticas desde el Congreso y sectores políticos, quienes la califican de «pago de favores» y advierten sobre su falta de garantías reales de desarme.
El presidente Gustavo Petro confirmó el acuerdo en su cuenta de X (Twitter), afirmando que se trata de un espacio para «la dejación de la violencia», donde se congregarán combatientes y armas del Frente 33. Según el mandatario, en esta zona se garantizará el Estado de Derecho y el funcionamiento de instituciones en el marco de una mesa de diálogo.
Sin embargo, ni Camilo González (jefe negociador del Gobierno) ni ‘Calarcá’ han firmado el acuerdo, lo que genera dudas sobre su formalidad. El propio cabecilla guerrillero declaró a Semana que «no se trata de una desmovilización», sino de una negociación, y mostró escepticismo por los «incumplimientos» de acuerdos pasados.
María Fernanda Cabal del (CD): Acusó a Petro de «premiar» a un grupo responsable de la masacre de siete soldados en Guaviare. «Los terroristas están felices con este gobierno», afirmó.
Ariel Ávila de los (Verdes): Aseguró que el acuerdo no reducirá la violencia, pues las disidencias no se desmovilizarán y el ELN seguirá expandiéndose en la región.
Nadia Blel del partido (Conservador): Denunció que el Gobierno «deposita su confianza en promesas vacías» mientras la delincuencia avanza.
Felipe Córdoba del partido (Liberal): Dijo «Están matando a nuestra Fuerza Pública. Esto no es paz, es complicidad», sostuvo.
El debate se centra en si el Gobierno está negociando con un grupo activo en narcotráfico y ataques a militares, sin exigir una desmovilización real. Mientras Petro insiste en su estrategia de «paz total», sus opositores exigen acciones concretas contra la inseguridad.



