
La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo estricta vigilancia la gestión contractual de la Gobernación del Guaviare. El ente de control anunció el inicio de una indagación previa contra funcionarios por determinar, debido a presuntas irregularidades en un proceso de contratación destinado a la dotación de sedes educativas en el departamento durante la vigencia 2025.
El proceso en cuestión es una licitación pública cuyo objeto es el suministro de menajes, equipos y utensilios de cocina y comedor. El valor del contrato supera los $4.400 millones de pesos, recursos destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios de alimentación en las instituciones educativas de esta región del país.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare busca establecer si el proceso de selección cumplió con los principios de transparencia y legalidad. Para ello, el Ministerio Público ha ordenado la práctica de pruebas documentales centradas en dos ejes principales: Estudios previos: Se analizará la rigurosidad y justificación técnica de la necesidad del contrato. Adendas contractuales: Se revisarán las modificaciones realizadas durante el proceso de selección para descartar posibles favorecimientos o vicios de procedimiento.
Esta fase de indagación previa tiene como objetivo identificar a los presuntos responsables y determinar si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias. La entidad busca proteger los recursos públicos destinados a la educación, asegurando que la millonaria inversión se traduzca efectivamente en mejores condiciones para los estudiantes del Guaviare.
Hasta el momento, la Gobernación del Guaviare no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de estas actuaciones preventivas y de control por parte del organismo estatal.



